Federalismo: con la boca bien grande y por el máximo consenso

Si encerráramos en una habitación sin comida hasta que lleguen a un acuerdo unánime a todos los partidos españoles con representación en el Congreso, el texto del acuerdo sería una Constitución europeísta federal avanzada. A la misma solución se llegaría por el procedimiento de Borda con los mismos protagonistas sin necesidad de que nadie pereciese, previa elaboración por un árbitro de una lista suficientemente extensa de propuestas. El riesgo de una reforma constitucional acordada sólo por dos o tres partidos es que no tendría el mismo nivel de apoyo que la del 78 y que sería rechazada en colectivos clave, geográficos o generacionales (como el Brexit).

La cuestión es qué estrategia seguir para conseguir este consenso amplio hacia un federalismo avanzado. No se avanzará hacia un mejor federalismo defendiendo sus principios con la boca pequeña, como si el federalismo fuera insuficiente o una simple tercera vía. La opción federal es la mejor opción en España y Europa, y no para derrotar al independentismo catalán o al centralismo del PP, sino para avanzar en la economía global del siglo XXI ante los desafíos simultáneos del nacional-populismo y la plutocracia. El federalismo es la gran alternativa al viejo estado-nación, es un proyecto ambicioso y radical, pero factible y pacífico. Hay que defender el federalismo con la boca bien grande, apoyando a sus organizaciones (una de ellas acaba de demostrar su madurez con una primera renovación profunda de su dirección), leyendo sus libros y contribuyendo a sus documentales. Además, la dirección del PSC debería poner a alguien del siglo XXI (aunque sea alguien mayor, pero con lecturas recientes e internacionales) a escribir los textos que se deben debatir en sus congresos. No basta con que los delegados sean del siglo XXI, porque los textos iniciales marcan el debate para bien y para mal. En este sentido, el "referéndum a la canadiense" genera confusión porque, primero, contrariamente a lo que piensa la prensa catalana, equivale a no hacer el referéndum (desde que existe la Ley de la Claridad, rechazada por los independentistas quebequeses, no ha habido referéndum), y, segundo, Canadá no es España porque ellos no tienen Europa ni la zona euro; en todo caso debería haber una ley de claridad europea. Crear la expectativa de un ulterior referéndum no ayuda a llevar a los independentistas moderados a la mesa de negociación, como sería deseable. Una ley de claridad además no altera muchos aspectos negativos de los referéndums de independencia: falsa claridad (son cuestiones complejas y mal definidas), división de la sociedad, etc. La idea del referéndum de independencia está desacreditada tras el Brexit. Que la mayoría de la clase política catalana no haya querido enterarse no significa que la realidad no sea la que es. En un debate el viernes en la UPEC sólo Miquel Iceta se acordó de que existía algo llamado Europa, aunque la desconexión no de España sino del mundo del representante de la CUP y de la de ERC hacía que Xavi Domènech, representante del Podemos catalán, pareciera un banquero central en cuanto a sentido de la responsabilidad.

Si fracasa la reforma constitucional seguiremos con el mismo marco legal indefinidamente. No hay otra alternativa real (mientras la UE y la zona euro sigan en pie). El objetivo de obligar al PP y a otros centralistas a moverse para que una reforma constitucional sea por el máximo consenso es totalmente loable. Pero para incentivar al PP y al soberanismo español a reformar en profundidad la Constitución el espantajo del (inexistente) "referéndum a la canadiense" es una mala idea, que en España (entre otras cosas, porque está en la zona euro y tiene una Constitución escrita) genera confusión. La obligación de los federalistas es empujar las decisiones colectivas en la dirección de la concordia (un “nudge” colectivo más que individual). Hay que buscar otra forma de presionar por una reforma con el máximo consenso (por cierto, una vieja idea de los grandes economistas suecos Wicksell y Lindahl modernizada por el economista catalán de UC Davis, Joaquim Silvestre): ¿les encerramos a pan y agua?