El capital social, entendido como la acumulación de experiencias compartidas y confianza acumulada en una sociedad, es uno de los principales determinantes del crecimiento y el desarrollo económico. Ello es así porque muchas actividades creadoras de valor dependen de que otros también emprendan actividades parecidas. O porque una determinada acción sólo tiene un resulatado positivo si otros emprenden una acción parecida. Por ejemplo, si yo pago impuestos, el resultado será un mejor estado del bienestar si los demás también pagan impuestos. Sólo cuando los demás también pagan impuestos es individualmente racional para mí hacer lo mismo.
Por eso sorprende que el gobierno de la Generalitat de Catalunya haya decidido emprender medidas que atacan directamente la acumulación de capital social. Una de estas medidas (no la única) ha sido facilitar a los padres la denuncia de otros padres que "hacen trampas" en el sistema de puntuación para acceder a la red de enseñanza pública y concertada. El clima de sospecha que este procedimiento puede facilitar redundará en menores niveles de confianza y capital social. No sé en qué estudios concretos basa el gobierno catalán su política, pero estudios recientes de Samuel Bowles y otros modernos investigadores muestran como los incentivos explícitos a menudo van en detrimiento de las preferencias intrínsecas, las que se derivan de los valores cooperativos de las personas. Esperemos que en este caso no sea así, y que a lo sumo el efecto de este política desacertada sea neutral. Pero por el sólo hecho de aprobarla, se está enviando una mala señal del tipo de sociedad que la Generalitat cree que gobierna, una donde no sólo se hacen trampas, sino donde los padres se denuncian unos a otros en un clima de patrullas vecindarias en la comunidad educativa. Hubiera sido mejor que la Generalitat reforzara la inspección y a la vez enviara mensajes positivos alentando a lo mejor de los valores de la ciudadanía.
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